Mientras el gobierno de estado de México no subsidie al
servicio público de pasajeros que brinda la atención a los habitantes de la
entidad más poblada del país, los concesionarios no podrán renovar sus unidades
y por lo tanto los más afectados serán los usuarios que ponen en riesgo sus
vidas al utilizar unidades viejas, caras e inseguras; incluso ni con el aumento
a la tarifas podrán renovar el parque vehicular en su totalidad.
La Secretaria
de Movilidad (SEMOVI) realiza operativos para retirar unidades carentes de
documentación o con la concesión no renovada o cancelada.
El gobierno estatal desde el año pasado comenzó la
regularización de títulos de concesión de 41 mil unidades de transporte
público, principalmente taxis, y con el apoyo de la Legislatura local para
crear un nuevo marco legal con el fin de reducir 75 por ciento el costo del
trámite, al pasar de 21 mil a 4 mil 836 pesos, sin embargo el costo sigue
siendo elevado para los dueños y por ende no regularizan su situación, por lo
cual muchos dueños de unidades deciden trabajar fuera de la ley.
Desde el año pasado se llevan a cabo entre la SEMOVI y autoridades correspondientes el plan
de regularización de unidades denominado "Acuerdo de Transferencia",
situación que no ha logrado permitir un ordenamiento en los títulos de
concesión, de mayo a diciembre, y que al momento se tiene un registro de 168
mil concesiones, de ellas 69 mil 137 unidades, no están en manos de los
titulares. Mientras que, 98 mil 86, están en poder de los concesionarios
oficiales.
Una iniciativa contempla siete supuestos legales para la
transferencia de concesiones: el cambio de propietarios de título de concesión,
integrar a beneficiarios no designados en el título de concesión que tienen
derechos reconocidos, para quienes adquirieron la concesión mediante contrato
de compra-venta, para aquellos que adquirieron la concesión con un documento
privado, ratificado ante fedatario público; para concesiones ratificadas ante
las delegaciones de Semovi, personas físicas que aportaron sus concesiones a
empresas y otros que se fusionaron con otras empresas.
Con este acuerdo, el Registro del Transporte Público estatal
podrá otorgar prórrogas y sustitución de vehículos para aquellos que no eran
los titulares de las concesiones, y que estaban limitados a realizar estas
gestiones. Es decir, con “pocas facilidades que les daba la normatividad,
cayeron en la irregularidad; eso es justamente lo que se busca cambiar”, todo
se hace en beneficio de los concesionarios para regularizar su situación, pero pocos
concesionarios tratan de arreglar su situación.
Aunque la Fiscalía General de Justicia del Estado de México
(FGJEM), en coordinación con los municipios locales, realizan trabajos
coordinados de control, prevención y combate de la inseguridad en el transporte
público de pasajeros, situación que no ha logrado disminuir la violencia que se
registra a bordo de las unidades del transporte público de pasajeros que
brindan el servicio en el territorio estatal.
El gobierno estatal se ha convertido en el enemigo de los
concesionarios al no otorgar más facilidades para la regularización del
transporte público, a su vez permite que otras 30 mil unidades circulen sin una
concesión convirtiéndose en unidades "pirata" que laboran cuando no
hay inspectores, no hay renovación de unidades sólo les están cambiando la
cromática, reparándolas y en muy mal estado, sin un seguro de vida todo para
lograr obtener la famosa pirámide tarifaría que les autoriza el incremento en
el costo del pasaje, es decir todo esta avalado por el gobierno estatal de
Alfredo del Mazo Maza.
No hay comentarios:
Publicar un comentario