La intensificación invernal de la pandemia encuentra a los periodistas
en México tan vulnerables como cuando la crisis del COVID-19 comenzó, en marzo
del año pasado.
Las empresas para las
que trabajan enfrentan problemas económicos significativos, sin duda, pero han
optado por proteger sus ganancias y no a sus empleados, exigiendo la
“solidaridad” de los que no han despedido, imponiéndoles —y sosteniendo
indefinidamente— recortes a sueldos ya exiguos, mientras los envían a realizar
coberturas sin ninguna protección.
México ya es el país más mortal del mundo para ejercer el periodismo y se ha convertido en una profesión de aún mayor riesgo ante el contexto del coronavirus. Las historias que hay que contar están en los hospitales, las casas funerarias, los hogares de las personas enfermas o que fallecieron, o en otros sitios de alto riesgo.
Sin embargo, no hace falta que el reportero ande tras la
pista del coronavirus: todos los eventos que no se realizan por vía digital
presentan un importante riesgo de contagio. Pero son muy pocos los medios que
invierten en equipos de protección para sus periodistas. La mayoría espera que
ellos mismos se los compren, aunque la paga que reciben sea menor.
Al 31 de diciembre, la organización Artículo 19 contaba 52 periodistas
muertos por COVID-19 en el país. Muchos más yacen con complicaciones graves de
largo plazo o permanentes.
Además, han aumentado los despidos y no hay perspectivas de
que los puestos destruidos se vayan a recuperar. La mayor parte de periodistas
que padecen recientemente el desempleo enfrentan una pandemia tan larga como
desoladora y quienes aún tienen trabajo, ante el temor de formar parte del
desempleo, deciden no comunicar los abusos.
A falta de investigaciones exhaustivas, se han realizado
algunos sondeos parciales para tener una idea de cómo está afectando la crisis
sanitaria a las y los periodistas a nivel laboral y de protección.
De las 1,400 personas entrevistadas en 125 países para el
proyecto Periodismo y Pandemia, realizado por el Centro Internacional para
Periodistas y la Universidad de Columbia, 95% dijo que el medio para el que
trabajan no le dio equipo de protección personal; 77%, que no le entregó
toallas desinfectantes; 69%, ni agua ni jabón; 49%, desinfectante de manos;
45%, cubrebocas; y 30%, ninguno de los anteriores.
De las personas encuestadas, 21% tuvo recortes de salario y
18% perdió su empleo, estaba suspendido o trabajaba para medios que cerraron:
en suma, dos de cada cinco periodistas dejaron de laborar o cobraban menos.
En México, el colectivo Periodistas de a Pie hizo un sondeo
con 105 periodistas, aquí 10% se vio obligado a buscar otro empleo dentro del
gremio y otro tanto igual tuvo que dejar la profesión. Solo 34% consideró que
su medio había tomado medidas adecuadas de seguridad sanitaria.
El ejercicio más minucioso, por cubrir con relativa amplitud
un universo más pequeño, es el de la Red de Periodistas del estado de Quintana
Roo, con 65 entrevistas realizadas, donde 58% tuvo recortes salariales: a 20
personas les bajaron de la tercera parte a la mitad del sueldo y a cinco, hasta
dos terceras partes. Un 35% recibió amenazas de despido y 74% no recibió de su
empresa equipo de protección.
El caso de Ezequiel Lizalde, un periodista del estado de
Baja California Sur, es representativo. Trabajaba para CPS Media, empresa que
tiene diarios y estaciones de televisión y radio en Baja California Sur y
Jalisco, y es propiedad de Fernando González Corona, exalcalde del municipio de
Puerto Vallarta y esposo de la exsenadora Eva Contreras. CPS Media no es un
pequeño periódico luchando por sobrevivir.
La Red Baja California Sur de Periodistas denunció que CPS
Media no implementó medidas de distanciamiento social, reestructuración de
turnos ni teletrabajo para reducir el contacto; aplicó despidos masivos sin
liquidación al 100% y reducciones de sueldo de 28% “por solidaridad con la
empresa”.
A partir de marzo Ezequiel Lizalde, reportero de tiempo
completo, con prestigio local y 44 años de edad, pasó de cobrar 2,624 pesos a
1,519 pesos netos a la quincena, es decir poco más de 3,000 pesos (150 dólares)
al mes.
Lizalde fue internado por COVID-19. Al ser dado de alta, el
18 de septiembre, tenía la opción de pedir incapacidad laboral, pero eso
significaba perder otra parte de su salario. Renunció a su derecho porque pensó
que podría convencer a sus jefes de que le permitieran trabajar desde casa. Se
lo negaron.
En un video del 11 de octubre, contó que sufría de
taquicardia, insomnio, dolor de cabeza, depresión, cansancio crónico,
sofocamiento y ataques de tos que lo derribaban. Sus colegas se alarmaban al
verlo en eventos. Se debilitó: la falta de oxigenación en sus piernas lo hacía
caer y empezó a usar un bastón.
El director de información de CPS, Hugo Lynn, me dijo en
entrevista que “el daño pulmonar de Ezequiel no resultaba evidente, se
requerían de estudios radiológicos para determinarlo”. También, que nunca lo
enviaron a cubrir eventos, solo le pedían tareas de oficina, pero Lizalde
aparece haciendo una pregunta en el minuto 20:56 del video de una conferencia
de prensa del 10 de octubre.
Accedieron a permitirle trabajar desde casa hasta el 16 de
octubre. El 23 fue hospitalizado por 12 días, e ingresó de nuevo el 20 de noviembre.
El 25, sus amigos y compañeros realizaron una caravana de protesta por su
muerte, que sucedió el día anterior.
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