A casi cinco meses de concluir las administraciones municipales, algunos ayuntamientos al no poder comprobar sus gastos han comenzado con el despido de personal de confianza y únicamente pretenden quedarse con los empleados sindicalizados ello con el propósito de poder justificar el gasto corriente y así evitar tener observaciones o señalamientos por parte del Organismo Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) al no poder comprobar la aplicación del recurso.
En la mayor parte de los 125 municipios que conforman el estado de México no se realizó obra pública y la poca que se hizo fue con recursos estatales y federales por lo cual el dinero que recaudan los ayuntamientos no lo podrán comprobar, mientras que el recursos federal y estatal en su mayor parte fue aplicado para el pago de empleados y ahora tendrán que recortar la plantilla de empleados para no verse involucrados en un desvió de dinero.
El OSFEM señaló que los municipios con el mayor número de observaciones en auditoría financiera fueron Naucalpan con mil 208 millones 232 mil pesos; el ODAS de Ixtapaluca con 32 millones 818 mil pesos; de auditoría de obra, Valle de Bravo con 3 millones 923 mil pesos; Nicolás Romero con 3 millones 680 mil pesos y Villa Guerrero con 2 millones 19 mil pesos. Las observaciones más recurrentes se relacionaron a pago de nómina; gastos sin comprobar y/o justificación; bienes no presentados; bienes inmuebles en uso de terceros; irregularidad en el costo de la obra; importes pagados de obras no ejecutadas e ineficiencia en la ejecución de programas.
El Organo de Fiscalización también sugiere a las entidades fiscalizables municipales para prevenir su endeudamiento, ha pedido que sus deudas a corto plazo sean pagadas tres meses antes de que concluya su gestión y que, en ese mismo periodo, no contraten más créditos que comprometa sus finanzas.
Se detalló a los diputados miembros de la Comisión Legislativa -encabezada por Tanech Sánchez Ángeles– que justo el volumen de recursos públicos que manejan las entidades fiscalizables, fue uno de los criterios que se tomaron en cuenta para el diseño del Programa Anual de Auditorías (PAA). Otras variables que se consideraron en el PAA fueron las solicitudes de auditoría hechas por ciudadanos - que el año pasado sumaron 20 -, la alternancia política, ya que se considera que, en caso de continuar el mismo partido político, se corre riesgo de opacidad; y la temporalidad, es decir, conocer los municipios que fueron auditados con auditorías, financieras, obra, patrimoniales o desempeño en los últimos años, pero también sumar aquellos que en el último trienio no habían sido considerados, como Tlalnepantla, Nezahualcóyotl o Naucalpan.
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