Vargas Peña abundó que los
exfuncionarios nunca fueron notificados personalmente de los hechos por lo cual
de acuerdo a la normatividad se presentaron tres amparos ante la justicia
federal y se esta en espera de las respectivas resoluciones.
En conferencia de prensa, dijo que “es una irregularidad que los acusados se hayan enterado de dicho proceso resarcitorio el mismo día que el Ayuntamiento de Chimalhuacán realizo las notificaciones y colocó sellos de embargo en domicilios que no corresponden a las propiedades de los acusados”.
El departamento jurídico del
ayuntamiento local incurrió en irregularidades al embargar muebles e inmuebles
que no son propiedad de los ahora acusados, el proceso contra los inculpados
esta en proceso, y no a concluido, y por lo tanto aún no se pueden sacar
conclusiones, no hubo un desvió de más de 18 millones de pesos detectados
supuestamente por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
(OSFEM).
En el transcurso de los
siguientes días se comprobará con el proceso que no hubo desfalco como lo
señala el gobierno de Chimalhuacán 2022-2024 y por consecuencia se darán a
conocer los avances que se den tras la indagatoria que se este dando.
De acuerdo al OSFEM se debe a un
procedimiento Administrativo que se le ha dado cumplimiento desde el momento en
que se notificó y embargo los muebles e inmuebles a los ex funcionarios Rosalba
Pineda, Sergio Díaz y Raquel Robledo presidente tesorero y sindico municipal de
la administración 2016-2018.
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