Con 9 votos a favor y dos en contra se invalidó la segunda parte del llamado Plan B, de la Reforma Electoral que el Ejecutivo mando para su aprobación.
Aún no se daba la votación al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando en un comunicado la Consejería Jurídica de la Presidencia, acusaba al ministro Javier Laynez Potisek, que su propuesta de sentencia pretendía invalidar dicha Reforma, solamente para beneficiar a la oposición.
“El ministro, afirmó el comunicado de la Consejería Jurídica de la Presidencia, propone declarar la invalidez total del decreto impugnado, sin entrar a un verdadero estudio de fondo de las normas cuestionadas, lo cual retrasa injustificadamente la necesaria transformación del sistema electoral mexicano”.
Se impuso el criterio jurídico.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al señalar violaciones al proceso legislativo, ha invalidado por completo el llamado “Plan B” electoral del Gobierno, un paquete de seis reformas con las que la Administración de Andrés Manuel López Obrador, pretendía acotar los recursos y las facultades del Instituto Nacional Electoral.
Se ha acusado a la Suprema Corte de ser causante del no respeto a la división de poderes, ya que el decreto fue aprobado por la Cámara de Diputados, porque afirman que la Suprema Corte estaría sustituyendo al Congreso de la Unión y eso sería una violación a la Constitución, sin embargo el ministro Alberto Pérez Dayan, argumenta que “no se cumplieron algunas formalidades del proceso legislativo”.
El ministro Javier Laynez Potisek fue el encargado de generar el proyecto de resolución, mismo en el que se determinó ponerle fin a la iniciativa, por violentar el proceso legislativo. Javier Laynez ratificó la observación hecha por el también ministro Alberto Pérez Dayan, al respecto afirmó: “El Congreso de la Unión incurrió en múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo, las cuales son suficientes para invalidar la totalidad del decreto impugnado, lo que es congruente con la doctrina jurisprudencial que la Corte ha sostenido en más de treinta asuntos y que recoge los requisitos mínimos, para que un proceso legislativo sea válido”.
La Suprema Corte en base a los preceptos constitucionales reafirma con esta sentencia que en México “La ley sí es la ley”.
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