Nezahualcóyotl, Méx.- El modelo de justicia cívica inaugurado en esta ciudad es sumamente ambicioso y de hecho se está implementando en otros 15 municipios del país, dijo el titular de las 9 oficialías conciliadoras de la urbe, Felipe Mercado Orozco, quien aseveró que la idea no es solo sancionar, multar o arrestar a los infractores, sino “ofertarles” opciones de rehabilitación mediante la participación de médicos, psicólogos y abogados.
Señaló que en 2019, más de 23 mil infractores fueron remitidos a las oficialías calificadoras de Neza acusados de diversas faltas, entre ellas la alteración del orden público, ingerir bebidas embriagantes en las calles, consumir drogas, riñas intrafamiliares, consumo de solventes e incluso por orinar en la vía pública, aunque esta última se redujo sensiblemente, ya que de 23 mil acusados solo se detuvo a 400.
Subrayó el funcionario que la idea de la justicia cívica no es precisamente remitir infractores ante la autoridad. Para impedir lo anterior, se ha capacitado a la policía local, y a la estatal, a fin de que busquen un Acuerdo por la Paz entre las partes, y de esta manera se eviten multas o arrestos.
Sin embargo, si esto no se logra, entonces conducir a los implicados ante el juez cívico, donde, de acuerdo con el artículo 21 constitucional, tienen derechos inalienables y opciones de solución, que fueron establecidas con el cambio de sistema acusatorio, de inquisitorio a adversarial. Según esto, pueden pagar su multa, permanecer 6, 8 o hasta 36 horas de arresto e incluso realizar horas de trabajo para la comunidad.
Sin embargo, añadió Mercado Orozco, se han generado alternativas de ayuda conocidas como tamizaje, mediante las cuales se realiza un tratamiento psicológico y se valora la posibilidad de rehabilitación en hogares para adictos, según el caso. Además, el infractor tiene derecho a un defensor de oficio y presentar las pruebas de descargo que considere pertinentes.
Cabe destacar que el o los policías preventivos tienen obligación de exhibir las pruebas de culpabilidad, videos, fotografías, testigos, etcétera, y tienen prohibido maltratar al detenido.
El funcionario dijo que debido a la pandemia por Covid-19, la violencia intrafamiliar aumentó considerablemente, ya que antes se presentaban casos aislados, pero hoy las oficialías conciliadoras se saturan con los remitidos por esta situación.
Destacó que el avance en la justicia cívica es notorio y ya el Congreso de la Unión busca implementarlo en los 2,400 municipios del país. “El proceso será tardado, pero se concretará para bien de todos”, concluyó.
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