En México el comercio por internet y por catálogo genera 9 millones de pesos diarios en apoyo de 13 millones hogares.
Ninguna persona debe ser perseguida por el desempeño de actividades lícitas: Viridiana Fuentes.
A fin de evitar la discriminación, e incluso persecución de las mujeres emprendedoras conocidas como “Nenis”, la diputada Viridiana Fuentes Cruz, en nombre del grupo parlamentario del PRD, propuso reformas a la Constitución y la legislación local para que ninguna persona sea impedida, perseguida o criminalizada por dedicarse de forma lícita a profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode.
En sesión deliberante, la legisladora explicó que las vendedoras por internet o por catálogo, conocidas como micro emprendedoras y autodenominadas “Nenis”, son mujeres que ofertan bienes de uso cotidiano, comida o productos artesanales y que no cuentan con establecimiento o local comercial, pues la mayoría suelen ser estudiantes o tienen un rol continuo en el cuidado del hogar.
La legisladora indicó que esta actividad económica a nivel nacional genera aproximadamente 9 millones de pesos diarios para 13 millones de hogares, y que detrás de cada venta, se conjura una lucha social tan vigente como necesaria, y para que esta lucha rinda frutos es de máxima importancia que el Estado garantice la seguridad y acceso a la justicia a las mujeres emprendedoras.
Remitida a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero, también plantea reformas a las leyes de Fomento Económico y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que la autoridad fomente la participación activa de las mujeres en el sector empresarial, a través del establecimiento de planes, programas y políticas públicas que brinden herramientas y recursos para el fortalecimiento de su autonomía económica.
Para ello, deben garantizar los principios de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, además de garantizar la seguridad y pronto acceso a la justicia de las víctimas de la delincuencia, de actos de violencia institucional o de faltas administrativas con motivo del libre ejercicio de su industria o actividad económica.
Además, propone que se considere Violencia Institucional aquellos actos que busquen obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres, su libre desarrollo personal, económico y humano.
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